CASI NUEVE AÑOS han transcurrido desde que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en uno de sus fallos más célebres, resolviera que siete propietarios de fincas del barrio de Fort Trumbull en New London, Connecticut, no tenían derecho de propiedad que el consistorio municipal estuviera obligado a respetar. Fort Trumbull es hoy un vertedero, como refrenda un detallado informe nuevo.
La sentencia en firme del tribunal por mayoría simple de los jueces en la causa Kelo contra el consistorio de New London dio luz verde a los funcionarios municipales para decomisar y demoler las fincas a través del mecanismo de expropiación, entregando después el suelo a unos promotores impacientes por levantar algo más lucrativo. En Fort Trumbull, esos propietarios de fincas incluían a personas como Susette Kelo, una enfermera que adquirió su casita victoriana a orillas del Támesis porque le encantaba su panorámica del cauce; Wilhelmina Dery, que vino al mundo en su finca de la calle Walbach en 1918 y llevaba toda la vida residiendo allí; o Pasquale y Margherita Cristofaro, cuyo domicilio de la calle Goshen fue la segunda propiedad en New London que les fue expropiada, habiendo perdido la primera 30 años antes porque el municipio pretendía construir un rompeolas. (El rompeolas nunca se construyó).
Sus fincas, al igual que las de sus vecinos, fueron objetivo de Pfizer. La farmacéutica estaba construyendo unas importantes instalaciones de investigación próximas, y quería que las autoridades municipales despejaran el camino a "una recalificación de talla mundial" que seduciría a los líderes de los negocios, los científicos y los demás profesionales que se esperaba atrajera la nueva sede. "Pfizer quería un buen sitio para trabajar", decía en 2001 un orgulloso ejecutivo. "No queríamos estar rodeados de fincas urbanas".
La "cláusula de decomisión" de la Quinta Enmienda autoriza las expropiaciones, pero sólo cuando la propiedad privada es imprescindible para el "usufructo público" — construir una estafeta de correos o ensanchar una autovía, por ejemplo. Los propietarios de fincas de Fort Trumbull recurrieron hasta llegar al Supremo, alegando que sus casas no se estaban expropiando para "usufructo público" sino con fines privados. Según la Constitución, insistían, el municipio no tenía derecho a transferir por la fuerza su propiedad a un promotor con la esperanza de que el nuevo uso urbano rindiera puestos de trabajo nuevos o una recaudación fiscal más alta.
Pero cinco magistrados — John Paul Stevens, Stephen Breyer, David Souter, Ruth Bader Ginsburg y Anthony Kennedy — fallaron en contra. Con su sentencia en firme, el municipio de New London expropiaba los modestos pero habitados domicilios de Fort Trumbull. Los últimos propietarios se vieron obligados a marcharse. Las excavadoras entraron en acción. Se despejó el terreno con vistas a la clase de recalificación de altos vuelos que anhelaban Pfizer y sus aliados políticos del municipio de New London: un pijo establecimiento hotelero, un centro de convenciones, unos bloques de apartamentos, un gimnasio privado y tiendas de alcurnia.
¿Y cómo acaba todo?
Cuando la periodista Charlotte Allen se desplazó hace poco hasta New London para averiguarlo, lo que se encontró, como recoge en el Weekly Standard, fue "un vasto solar — 36 hectáreas — totalmente deshabitado y con aspecto de llevar toda la vida igual". No hay hotel, no hay gimnasio, no hay apartamentos. El barrio que durante generaciones había sido hogar de familias de clase obrera como los Dery o los Cristofaro es hoy "un desnivel desértico" en el que las únicas señales de vida son "matojos secos hasta la cintura".
A los propietarios de fincas se les expropió a cambio de nada. Fort Trumbull nunca se recalificó. La misma Pfizer abandonó el proyecto de New London en 2009. La sentencia Kelo constituyó una catástrofe, como reconocen hasta las autoridades municipales actuales. Allen escribe que el actual edil, elegido en 2011, ha pedido disculpas oficiales a los afectados, llamando al fallo "una negra mancha" en la reputación de New London. Las autoridades municipales accedieron a poner una placa en la parte alta del Támesis en recuerdo de Margherita Cristofaro, que falleció durante la larga batalla jurídica. Se destaca que su familia y ella "realizaron importantes aportaciones a la comunidad italoamericana, sacrificando dos domicilios en la expropiación".
De tener algo bueno la causa Kelo, es la airada respuesta nacional que condujo a que un buen número de estados — Massachusetts, por desgracia, no se encuentra entre ellos — hayan aprobado nuevas leyes que protegen los derechos de los propietarios de fincas frente a expropiaciones indebidas. Pero cosas así siguen pasando, y seguirán pasando hasta que el fallo del caso Kelo sea revocado.
Los artífices de la Constitución introdujeron la cláusula de decomisión entre las 10 enmiendas al texto constitucional por un motivo. El páramo que es Fort Trumbull constituye un triste recordatorio de que allí donde no se ampara el derecho a la propiedad privada, tampoco se ampara la libertad individual — y sin libertad individual, no hay nada que el Estado no pueda llevarse por delante.
(Jeff Jacoby es columnista del Boston Globe.)
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